Un tribunal de Ciudad del Este dictó condenas severas contra ex autoridades y otros implicados en una red criminal dedicada al ingreso y comercialización de drogas y bebidas alcohólicas en la cárcel regional de varones.
El ex director Rubén Ireneo Lombardo y el ex coordinador general del penal, Francisco Javier Ramírez, fueron sentenciados a 18 años y 9 meses de prisión, al encontrarse pruebas contundentes de su participación y conocimiento pleno del esquema ilegal.
La investigación, liderada por el fiscal Manuel Rojas Rodríguez, contó con registros de cámaras de seguridad y testimonios de testigos que confirmaron la existencia de una organización criminal que operaba desde el interior del penal hasta la colaboración externa para introducir los productos prohibidos.
Además de Lombardo y Ramírez, otras cinco personas recibieron penas: Jorge Darío Mendoza fue condenado a 12 años y Leonardo Araujo a 6 años, ambos vinculados a una empresa privada que facilitaba el ingreso de los productos ilícitos. Tres internos del penal —Ali Issa Chamas, Ali Fouani y Diego Pedro Barcik— también fueron sentenciados a 6 años por su rol en la distribución y venta de drogas dentro del reclusorio.
Según la Fiscalía, Chamas lideraba la organización interna, Fouani coordinaba como socio comercial, y Barcik se encargaba de la logística para la adquisición y entrada de sustancias. Por su parte, Mendoza y Araujo preparaban y ocultaban los estupefacientes en paquetes de mercancías para ingresar en una furgoneta autorizada y controlada por Lombardo y Ramírez.
El caso salió a la luz el 11 de diciembre de 2023, cuando agentes del Departamento de Automotores de la Policía Nacional, alertados por información confidencial, detectaron la entrada sospechosa de la furgoneta al penal. Sin embargo, la negativa de las autoridades penitenciarias impidió la intervención inmediata. El allanamiento se concretó al día siguiente, hallando cerca de 5 kilos de marihuana y otras evidencias, incluyendo bebidas alcohólicas.
Los condenados deberán cumplir sus penas por delitos de suministro de estupefacientes en lugares de reclusión, tenencia sin autorización, asociación criminal y comercialización de drogas.
