La familia Kim presentó su versión sobre el conflicto que atraviesa la sociedad vinculada al Shopping París, en Ciudad del Este. Entre sus cuestionamientos menciona una operación comercial que habría generado un perjuicio cercano a USD 6 millones. Las responsabilidades sobre los hechos señalados aún no fueron determinadas judicialmente.
CIUDAD DEL ESTE. El conflicto societario en torno a K&K Shopping’s S.A., firma vinculada al Shopping París de Ciudad del Este, sumó nuevos elementos luego de que representantes de la familia Kim expusieran su posición sobre los antecedentes que, según sostienen, llevaron a la escalada de las diferencias entre los accionistas.
De acuerdo con la versión presentada por la familia, las discrepancias internas se habrían profundizado a partir de una serie de desacuerdos personales, comerciales y societarios entre integrantes de la estructura accionaria.
Señalan una operación comercial
Uno de los principales puntos planteados por los Kim se relaciona con una operación vinculada a un espacio comercial del complejo que, según la documentación mencionada por sus representantes, habría sido otorgado inicialmente bajo la modalidad de comodato.
Según el contrato presentado, K&K Shopping’s S.A. otorgó en comodato a JS Inmobiliaria S.A. una unidad comercial ubicada en el subsuelo del Shopping París. El documento incluye una cláusula que establece la prohibición de ceder o subarrendar total o parcialmente el inmueble sin el consentimiento previo y por escrito del comodante.
La familia sostiene que posteriormente el inmueble habría sido subalquilado a un tercero por JS Inmobiliaria S.A., conforme al contrato aportado. La documentación exhibida permite constatar la existencia de ambos contratos, pero no determina por sí sola si existió un incumplimiento ni sus eventuales efectos jurídicos.
Otro documento presentado corresponde a un contrato de subalquiler suscrito en julio de 2023 entre JS Inmobiliaria S.A. y un tercero, referido a una unidad comercial ubicada en el subsuelo del Shopping París.
Mientras el contrato de comodato establece que cualquier cesión o subarrendamiento requería consentimiento previo y escrito del comodante, el posterior contrato de subalquiler consigna que JS Inmobiliaria S.A. se encontraba expresamente autorizada por la locadora para realizar la operación. Los documentos reproducidos no permiten establecer, por sí solos, el origen, alcance o validez de esa autorización, cuestiones que forman parte de la controversia.
Según la versión de la familia Kim, los ingresos derivados de esa operación no habrían ingresado íntegramente al patrimonio de K&K Shopping’s S.A. ni habrían sido distribuidos entre sus accionistas de acuerdo con sus respectivas participaciones.
La representación de la familia Kim estima que el presunto perjuicio económico acumulado rondaría los USD 6 millones. Esa cifra corresponde a la estimación de una de las partes y no constituye un monto determinado judicialmente. El monto exacto, el destino de los recursos y las eventuales responsabilidades deberán ser establecidos a partir del análisis contable, documental y judicial correspondiente.
Controversia por decisiones societarias
El conflicto también alcanza decisiones adoptadas en asambleas de accionistas durante los años 2022 y 2023, relacionadas con rescate de capital, distribución de utilidades y posteriores aumentos de capital.
La familia Kim sostiene que estas resoluciones fueron adoptadas siguiendo los procedimientos societarios utilizados históricamente por la compañía y que cuentan con respaldo documental. Estos aspectos forman parte de los puntos actualmente controvertidos entre los grupos accionistas.
Los planteamientos descritos forman parte de una controversia entre accionistas y son presentados en esta nota como la versión de la familia Kim. Su valoración jurídica corresponde a las autoridades competentes.
Cuestionamientos al proceso
Los representantes de la familia también cuestionaron la actuación del Ministerio Público en una causa derivada del conflicto. Según su versión, transcurrieron pocos días entre la presentación de una denuncia y la posterior imputación, y aseguran que las personas afectadas no habían sido convocadas previamente a declarar.
La familia rechaza las acusaciones formuladas en su contra y reclama que se analicen integralmente los contratos, actas, inversiones y demás antecedentes relacionados con la controversia.
Piden una investigación integral
Representantes de la familia Kim sostienen que la administración del emprendimiento estuvo a su cargo desde 2009 y señalan que durante ese periodo se realizaron inversiones en infraestructura, climatización, estacionamiento, seguridad, iluminación y otras mejoras del centro comercial.
Finalmente, solicitaron que tanto las denuncias formuladas contra integrantes de la familia como la operación comercial que cuestionan sean investigadas bajo los mismos criterios y con acceso de todas las partes a ejercer su defensa.
Por el momento, los cuestionamientos sobre el destino de los ingresos y el presunto perjuicio económico corresponden a la versión presentada por la familia Kim. Las responsabilidades sobre estos hechos no se encuentran judicialmente determinadas y su esclarecimiento dependerá del análisis de contratos, registros contables, movimientos financieros y demás elementos incorporados a las investigaciones.
*Nota editorial: esta publicación recoge la posición y documentación aportada por una de las partes del conflicto. Las afirmaciones controvertidas se presentan de forma atribuida y no implican una determinación de responsabilidad por parte del medio.
