El Banco Central del Paraguay (BCP) presentó una denuncia penal contra Ueno Bank ante el Ministerio Público, tras los hechos detectados en el marco de la crisis de la entidad financiera. La presentación se realizó luego de una reunión entre autoridades del BCP y representantes de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos.
El escrito de denuncia contiene entre 190 y 200 páginas y está acompañado de más de 2.000 documentos digitalizados como elementos probatorios. Los archivos fueron entregados en dispositivos de almacenamiento, con el objetivo de respaldar la información presentada por el organismo regulador.
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Por su parte, el Ministerio Público conformó un equipo especial de investigación dentro de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. La coordinación general estará a cargo de la fiscal adjunta Nancy Salomón, mientras que Francisco Cabrera será el fiscal director.
También integran el equipo los fiscales Silvio Corbeta, Jorge Arce y Yeimy “Jenny” Adle. La investigación buscará determinar si los hechos denunciados tienen relevancia penal y si corresponden a conductas tipificadas en el Código Penal.
Salomón señaló que se analizarán posibles hechos de “lesión de confianza, estafa, conducta conducente a la quiebra”, aunque aclaró que se trata de hipótesis preliminares. Asimismo, sostuvo que el Ministerio Público debe establecer si los hechos trascienden el ámbito administrativo y justifican una intervención penal.
La fiscal adjunta aseguró que “la ley será aplicada a todos por igual” y anunció que el caso será examinado conforme a los procedimientos legales. Además, el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, colaborará en las gestiones de cooperación jurídica con otros países para obtener eventuales pruebas en el extranjero.
Entre los aspectos que serán examinados figuran los movimientos de capitales, el posible perjuicio patrimonial y las responsabilidades de los directivos y ejecutivos de la entidad. El equipo fiscal también evaluará la eventual aplicación de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salida del país para los directivos investigados.
