Jorge Brítez, ex titular del Instituto de Previsión Social (IPS), compareció este viernes ante el fiscal Julio Ortiz en el marco de la investigación por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones relacionado con la contratación de quirófanos modulares.
La causa investiga la adquisición e instalación de estructuras que finalmente no se habrían concretado por falta de espacio físico en la previsional. Brítez se abstuvo de declarar ante el Ministerio Público. Su abogado, José Fernández Zacur, explicó que la decisión responde a la espera de informes técnicos solicitados por la Fiscalía.
El defensor sostuvo que las tres adendas firmadas durante la gestión de Brítez no tuvieron contenido patrimonial, debido a que no implicaron aumentos de montos ni sobrecostos.
Asimismo, afirmó que los pagos efectuados correspondían a obligaciones contractuales heredadas de administraciones anteriores. “Fueron pagos obligados por administraciones anteriores, porque si no se pagaban hubiesen expuesto a la previsional a una acción judicial”, manifestó.
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Brítez, por su parte, negó que durante su administración se hayan realizado pagos vinculados al cuestionado proceso y responsabilizó a sus antecesores, Andrés Gubetich y Vicente Bataglia.
“Pregúntenle a Gubetich”, expresó el exfuncionario al referirse al proceso.
Brítez también sostuvo que durante su gestión se presentó la denuncia sobre las presuntas irregularidades. “Nosotros hicimos la denuncia... estamos acá para ponernos a disposición del fiscal”, afirmó.
Fernández Zacur cuestionó además que Brítez sea investigado por dar continuidad a contratos preexistentes y reiteró que las actuaciones de su defendido no generaron aumentos de montos ni sobrecostos.