El caso nace de una denuncia presentada ante el Ministerio Público de Ciudad del Este, por sospechas de abuso sexual contra una niña de 6 años y por posible conocimiento de la madre sin haber actuado para protegerla ni para denunciar, ni para exigir los cuidados médicos necesarios.
Según las investigaciones y el desarrollo del juicio oral y público, el presunto agresor es el padrastro de la víctima, pareja de su madre, quien se encuentra prófugo.
Las autoridades tomaron conocimiento del caso cuando la niña fue llevada en primera instancia a un centro asistencial público por úlceras e inflamaciones en las áreas íntimas. Al ser examinada, la médica advirtió a la madre que podría tratarse de abuso sexual y le sugirió denunciar y activar el protocolo correspondiente; la mujer huyó del lugar llevándose a la niña. Al empeorar el cuadro, unos días después la menor fue trasladada a una policlínica de una universidad privada, donde se confirmó la misma situación y se procedió a comunicar a las autoridades. La mujer intentó huir nuevamente al enterarse del aviso, pero fue perseguida por el personal médico y demorada hasta la llegada de las autoridades.
Las diligencias permitieron constatar no solo que la niña era víctima de abusos sexuales por parte de su padrastro, sino también que había sido contagiada con sífilis. A partir de ese momento se inició el proceso judicial contra la madre, quien fue finalmente condenada a 4 años de prisión preventiva.
La sentencia se basó en la violación del deber de cuidado y la frustración de la persecución y ejecución penal por no denunciar el abuso sexual sufrido por su hija y por proteger al agresor, que era su pareja.
