La Contraloría General de la República inició un procedimiento de control y verificación patrimonial sobre Liz Meza, gobernadora del departamento de Concepción y dirigente del Partido Colorado (ANR), tras la celebración de una ostentosa fiesta de 15 años de su hija, cuyo costo se estima en Gs. 600 millones.
El procedimiento busca determinar la procedencia de los recursos utilizados en el evento, que generó gran repercusión mediática por su despliegue decorativo y logístico. La gobernadora aseguró que los gastos fueron cubiertos con fondos familiares y préstamos bancarios, rechazando irregularidades.
Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, explicó que la investigación abarcará la evolución patrimonial de Meza y de su esposo, Nelson Rivas Royg, incluyendo ingresos, egresos y cruce de datos financieros y tributarios.
La medida se fundamenta en la facultad de la Contraloría para verificar la capacidad financiera de los funcionarios, aunque no se haya actualizado su declaración jurada desde su asunción en 2023.
La Contraloría ha comenzado a recabar información de distintas instituciones para esclarecer si los gastos del evento se corresponden con los ingresos de la funcionaria.
