El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, atribuyó las fallas de seguridad en la penitenciaría de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada a la presunta complicidad de funcionarios y al incumplimiento de los protocolos de vigilancia. Además, advirtió sobre las precarias condiciones laborales de los agentes penitenciarios.
En el marco de la investigación por la fuga de dos internos, fueron detenidos el director del penal, el jefe y el subjefe de seguridad, por presuntas irregularidades relacionadas con la falta de comunicación de hechos y la autorización de traslados sin aprobación superior.
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Maciel reconoció que durante el turno en que ocurrió la fuga no se cumplieron procedimientos básicos, como las rondas perimetrales cada hora y la presencia de agentes en las garitas asignadas.
Asimismo, señaló que la vulnerabilidad del personal constituye una debilidad del sistema y destacó la necesidad de mejorar su formación y condiciones laborales. Indicó que los agentes perciben un salario promedio de Gs. 3.850.000 y están expuestos a amenazas y ofrecimientos de sobornos.
“Si yo quiero exigir mayor integridad a los funcionarios, también le tengo que otorgar mayor bienestar en el cumplimiento a sus funciones”, expresó.
El viceministro sostuvo que no basta con cambiar a los responsables, sino que es necesario fortalecer los controles y establecer un sistema de gestión penitenciaria para evitar que se repitan las irregularidades.
Por otra parte, investigadores retiraron documentos de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios relacionados con siete reclusos alojados en el módulo 7 de Martín Mendoza, quienes habrían accedido a beneficios irregulares.
Finalmente, Maciel aclaró que, según la información que manejaba, el exdirector general de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña, no estaba investigado ni imputado por complicidad.
