Lo que inicialmente fue reportado como una presunta desaparición vinculada a un supuesto “secuestro exprés” dio un giro radical tras la investigación del Ministerio Público. Patricia Jara (38), organizadora de eventos, fue localizada en Carapeguá y ahora enfrenta cargos por estafa y simulación de hecho punible.
📌Reportan la desaparición de una mujer de 38 años identificada como Patricia Analí Jara Meza.
— NPY Oficial (@npyoficial) March 1, 2026
👉🏼Su celular fue hallado en una estación de servicios en San Lorenzo, lo que intensificó la búsqueda.
👉🏼Las autoridades instan a la ciudadanía a comunicarse al 911 ante cualquier… pic.twitter.com/Q0YvbeAfXc
La agente fiscal Carolina Martínez confirmó la detención de la mujer, luego de que surgieran denuncias de clientes que habrían entregado dinero para eventos que nunca se realizaron. Existen al menos dos denuncias formales, radicadas en la Comisaría Kennedy y en la Comisaría 32ª Posta Ybycuá, donde los afectados señalaron incumplimientos contractuales y la posterior desaparición de la organizadora.
La investigación descartó que la mujer haya sido retenida contra su voluntad. Según los datos recabados, se trasladó por sus propios medios a Quiindy y luego a Carapeguá, utilizando transporte público y solventando sus gastos con la extracción de Gs. 5 millones de su cuenta bancaria. Durante el procedimiento, los intervinientes hallaron una agenda personal con anotaciones que detallaban la versión que planeaba declarar ante las autoridades.
Asimismo, la fiscal señaló que la mujer incurrió en contradicciones durante las entrevistas, inconsistentes con los informes médicos y psicológicos practicados. Los exámenes determinaron que se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y sin rastros de lesiones físicas, descartando así la hipótesis de un secuestro.
El Ministerio Público sostiene que la conducta habría tenido como finalidad evadir deudas y responsabilidades económicas. En ese contexto, la fiscal anunció que solicitará la prisión preventiva, atendiendo a la gravedad de los hechos y a la necesidad de proseguir con la investigación. La procesada se abstuvo de declarar y, de ser hallada culpable por ambos delitos, se expone a una pena que podría alcanzar hasta cinco años de prisión.
