La movilización principal tiene varios puntos de concentración como en la Plaza Uruguaya, desde donde los manifestantes, encabezados por la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), marcharan hacia el Congreso Nacional coincidiendo con unas 20 protestas simultáneas en todo el país.
Silvio Piris, dirigente del sector docente, manifestó que los encuentros previos con las autoridades no constituyeron un debate genuino, sino una exposición unilateral sobre el déficit fiscal sin discutir el contenido de la ley “artículo por artículo”. Los gremios buscan que los diputados actúen con responsabilidad y pospongan la votación para evitar una aprobación “a las apuradas” de un texto cuyas consecuencias muchos legisladores aún desconocen.
Uno de los ejes centrales del reclamo es la falta de transparencia en los datos financieros presentados por el Ministerio de Economía. Asimismo, exigen explicaciones sobre el destino de los intereses generados por las reservas de la caja fiscal, los cuales no han sido debidamente justificados como ingresos dentro del sistema. Piris también contrastó la situación de los trabajadores públicos con la “caja parlamentaria”, señalando que la ciudadanía paga anualmente sumas millonarias por las jubilaciones de exlegisladores, mientras que sectores como el docente no han requerido aportes externos para su sustento.
Finalmente, la preocupación se concentra en los artículos 3 y 8 del proyecto, que regulan la edad mínima de jubilación y el porcentaje de aporte del trabajador. Los gremios advierten que, bajo la nueva propuesta, un docente que esté a punto de jubilarse podría verse obligado a trabajar entre 10 y 15 años adicionales debido a la retroactividad y los cambios en las escalas de edad. Aunque los trabajadores estarían dispuestos a negociar un incremento moderado en sus aportes, rechazan que el Estado no asuma una cuota de responsabilidad mayor y temen que la ley, de aprobarse sin consenso, pierda sostenibilidad en menos de cinco años.
