La Contraloría General de la República manifestó su rechazo a las modificaciones introducidas en el Senado al proyecto de ley que modifica el artículo 30 de la Ley N.º 879/1981 “Código de Organización Judicial”, reformado previamente por la Ley N.º 2248/2003. La propuesta será analizada próximamente en la Cámara de Diputados.
Según el contralor general, Camilo Benítez, la iniciativa legislativa establece un esquema que permite eludir el control de la Contraloría a través del Tribunal de Cuentas, lo cual —a su criterio— representaría un retroceso institucional y un conflicto con lo establecido en la Constitución Nacional de 1992.
“Si se aprueban estas modificaciones, estaríamos normalizando un ‘puenteo’ a la Contraloría General de la República con consecuencias devastadoras”, afirmó. El funcionario sostuvo que el proyecto otorgaría al Poder Judicial facultades que actualmente no posee en materia de control y fiscalización de recursos públicos.
Benítez también señaló que el cambio legal propuesto implicaría restar competencias tanto a la Contraloría como al Congreso Nacional, órganos a los que la Constitución les asigna funciones de fiscalización.
Desde la institución advierten que este tipo de modificaciones pueden comprometer principios de transparencia y control en la gestión pública, así como las políticas de lucha contra la corrupción impulsadas por el propio Poder Ejecutivo.
El debate legislativo continuará en la Cámara de Diputados, donde se prevé un tratamiento del proyecto en su próxima sesión ordinaria de este miércoles.
