Las funcionarias parlamentarias que denunciaron a la senadora Zenaida Delgado rechazaron firmar el documento de conciliación propuesto por la defensa de la legisladora. El escrito fue suscrito únicamente por Delgado, por lo que no se concretó un acuerdo entre las partes.
Lidia, una de las denunciantes, desmintió la existencia de un pacto y explicó que las negociaciones se interrumpieron durante una reunión en un estudio jurídico. Según relató a Radio Monumental 1080AM, la senadora solicitó que las funcionarias entregaran sus teléfonos celulares personales para que un técnico eliminara las conversaciones y los mensajes de WhatsApp intercambiados con sus colaboradores.
“Por ningún motivo firmamos, la senadora Zenaida pidió que nosotros entregarámos todos los celulares y que iba a mandar sus técnicos para que puedan borrar todos los mensajes”, afirmó una de las afectadas.
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El documento también establecía restricciones para que las funcionarias no realizaran nuevas declaraciones en medios de comunicación ni divulgaran contenidos relacionados con la legisladora. Ante estas condiciones, se retiraron sin firmar el acuerdo, revocaron el poder otorgado a su abogada y ratificaron que continuarán con la denuncia penal.
“El acuerdo decía que una vez que firmábamos ese acuerdo no podíamos más querellarle a ella, ni hablar en los medios. No aceptamos, nosotros no firmamos nada”, indicó Lidia.
El borrador, elaborado por la defensa de Delgado, encabezada por el abogado Óscar Tuma, contemplaba el compromiso de la senadora de cubrir las cuotas pendientes y futuras de tres préstamos bancarios y cooperativos de Gs. 15 millones, Gs. 25 millones y Gs. 50 millones, tramitados a nombre de las funcionarias.
Además, establecía que los pagos debían realizarse directamente a las entidades acreedoras o entregarse a las titulares al menos cinco días hábiles antes de cada vencimiento, con la obligación de presentar los comprobantes correspondientes dentro de las 48 horas posteriores.
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El escrito incluía un compromiso de respeto y no agresión entre las partes, pero aclaraba que la conciliación no implicaría el cierre de las investigaciones fiscales ni de las actuaciones parlamentarias y administrativas. También contemplaba que las denunciantes pudieran seguir prestando declaraciones y aportando pruebas ante las autoridades.
Pese a la firma unilateral de Delgado, las funcionarias mantienen su denuncia ante el Ministerio Público y rechazan dar por cerrado el caso.
