El Artículo 225, Del procedimiento, expresa las autoridades que serán removidas por juicio político son las siguientes: El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
En cuanto a las razones expresa que “sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes”.
Explica que la acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. “Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos”, establece la Carta Magna.
“En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria”, finaliza el artículo.
En el artículo 225, no existe referencia hacia los plazos de cada proceso, solamente se enumera los pasos que hacen al procedimiento. Esta situación abre la posibilidad a que de acuerdo al criterio de los acusadores, sean establecidos los tiempos, existiendo la posibilidad de que esa elección perjudique o no al acusado atentando contra el Articulo 17 de nuestra constitución, que se refiere a los derechos procesales.
Este proceso es el que fue impuesto a Fernando Lugo cuando fue destituido por juicio político en 2012.
Ahora se habla de un posible juicio político al presidente de la República Mario Abdo Benítez y su vicepresidente Hugo Velázquez.
En la historia del Paraguay, solamente 3 presidentes fueron enjuiciados por este medio. José p. Juggiari, Raúl Cubas Grau y Fernando Lugo.
