Según la denuncia, los empleados de una empresa veterinaria recibieron una videollamada de personas que, aparentemente, serían de nacionalidad colombiana, quienes los amenazaron de muerte y de sufrir un atentado si se movían del lugar o utilizaban otro teléfono. Los delincuentes habrían exigido un depósito de 20 millones de guaraníes en una cuenta bancaria para dejarlos en libertad. Ante la situación, las presuntas víctimas pidieron a su jefa que enviara el monto exigido por los extorsionadores.
La propietaria de la veterinaria proporcionó a la policía la ubicación donde sus empleados debían realizar un servicio, lo que permitió que las autoridades llegaran hasta el barrio Salado de Limpio. En el lugar, la policía encontró a los dos empleados dentro del vehículo de la empresa, hablando a través de una videollamada. El oficial que intervino en el caso, señaló que, si bien los empleados relataron estar bajo amenaza, la policía considera inicialmente la posibilidad de un “autosecuestro” o “simulación de hecho punible”.
Las autoridades incautaron los teléfonos celulares de la empresa y de ambos empleados para que sean investigados por la unidad fiscal, y se dio participación al Departamento Antisecuestro y al Ministerio Público.
