El Tribunal de Sentencia puso fin al juicio oral y público contra cinco adultos vinculados al asesinato de María Fernanda, adolescente de 17 años que estaba embarazada y cuyo crimen ocurrió en Coronel Oviedo. El autor material, quien también tenía 17 años al momento del hecho, enfrenta un proceso separado bajo la jurisdicción penal adolescente.
Mickhaela Rolón Melgarejo fue condenada a 10 años de prisión por instigación y complicidad. Según las evidencias presentadas durante el juicio, mensajes de WhatsApp demostraron que instó al entonces adolescente a cometer el crimen y sugirió el uso de una jeringa vacía para inyectar aire.
Franco Antonio Acosta recibió una pena de cinco años por la venta ilegal de fármacos abortivos. La querella había solicitado una condena de entre 10 y 30 años por su responsabilidad en los hechos.
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Los padres del principal sospechoso Karen Villar y Armando Silva, fueron condenados a cuatro años y cuatro años y seis meses, respectivamente, por simulación de hecho punible y exposición al peligro terrestre. Durante el proceso se estableció que conocían lo ocurrido y que intentaron desviar la investigación para proteger a su hijo.
En tanto, Ricardo Villamayor fue condenado a tres años por ocultamiento de evidencias. El hombre escondió la motocicleta utilizada en el crimen y otros elementos vinculados al caso. Ya había cumplido casi un año entre prisión preventiva y arresto domiciliario.
Tras conocerse las condenas, los padres de MaFe manifestaron su disconformidad con las penas impuestas y reclamaron una sanción mayor. “Es una burla para el pueblo paraguayo. Dos inocentes fueron asesinados (MaFe y su bebé). Yo pedía la pena máxima de 30 años, o 35 ante la muerte de Fernanda”, dijeron.
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La familia también reconoció el trabajo del abogado de la querella, Dr. Fermín Segovia, por la presentación de las pruebas que permitieron sostener la acusación contra los involucrados.
El caso de María Fernanda también derivó en la denominada “Ley MaFe”, normativa orientada a fortalecer los mecanismos de búsqueda de menores desaparecidos. Con las condenas a los adultos vinculados al caso, concluye esta etapa del proceso, mientras el expediente correspondiente al autor material continúa bajo la jurisdicción penal adolescente.
