Crimen de paraguaya en España llega a juicio

Raúl Díaz, esposo de la compatriota Romina Celeste Núñez, se ha sentado por fin este viernes a rendir cuentas a la Justicia y en el juicio oral confesó el horrendo crimen. Por primera vez, Díaz ha confesado ante el jurado que lo juzga por homicidio que mató a Romina la madrugada de Año Nuevo de 2019 y que luego hizo desaparecer su cuerpo.

El caso conmocionó la localidad madrileña de Alcobendas a principios del 2019, la joven contrajo matrimonio en el 2018 con un ingeniero industrial madrileño, procedente de una familia acomodada, quien solo un año después acabaría de manera brutal con su vida.

De acuerdo a los datos, la pareja discutió el 28 de diciembre porque la joven mujer deseaba llevar a vivir a sus hijos hasta el complejo de lujo donde residían. El 29 de diciembre acudió a Urgencias por esas agresiones, aunque se marchó sin ser atendida. Los investigadores consideran que Romina fue asesinada dos días después, durante la Nochevieja.

Recién el 7 de enero, el esposo puso una denuncia por su desaparición para confundir a los investigadores, fue detenido el domingo 13 de enero, cuando la Guardia Civil halló “indicios razonablemente suficientes” para responsabilizarlo de la desaparición de Romina, cuyo cadáver seguían buscando los agentes, hasta que un día el pulmón de una persona apareció en la costa de la playa, que posteriormente las pruebas de ADN confirmaron que pertenecía a la fallecida.

El propio Raúl Díaz acabó confesando que quemó el cadáver de Romina en la barbacoa del jardín de su casa, posteriormente lo descuartizó y lo repartió en varias bolsas de basura.

Con un coche de alquiler, recorrió la isla de Lanzarote y fue arrojando al mar las distintas bolsas con trozos del cadáver de Romina. Sin embargo, a pesar de su confesión había declarado hasta ahora que no mató a Romina, sino que se encontró el cadáver de su mujer en casa y que procedió a hacerlo desaparecer porque le entró miedo, ya que ese día había consumido cocaína.

Díaz ha aceptado la condena que proponen la Fiscalía y la familia de la víctima: 15 años y nueve meses de cárcel, cinco años menos de la que venían exigiendo, porque ahora reconocen a su favor la reparación del daño (ha indemnizado a la familia con 300.000 euros) y las dilaciones que ha sufrido el caso.