Los ocho directivos del banco Ueno fueron trasladados este miércoles desde la Agrupación Especializada hasta la sede de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, en Asunción, bajo un importante despliegue policial.
Los procesados llegaron en patrulleras de la Policía Nacional y con los rostros cubiertos por capuchas, situación que generó reclamos de los ahorristas que se encontraban en las afueras de la sede fiscal. Los manifestantes cuestionaron el procedimiento y denunciaron un supuesto trato preferencial hacia los ejecutivos.
Los directivos que integraron este primer grupo son Federico Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Alejandro Gómez Abente, Julio Daniel Rey Fernández, Diego Fernando Duarte Schussmüller y Miguel Ángel Almada Frutos, además de Mariana Isabel Torres Rubiani y Diana Leticia Mongelós González. Los mismos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para prestar declaración indagatoria de manera individual.
La investigación está a cargo de los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Yeimy Adle y Silvio Corbeta, de las unidades de Delitos Económicos y Anticorrupción, la coordinación general estará a cargo de la fiscal adjunta Nancy Salomón.
Además, el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, colaborará en las gestiones de cooperación jurídica con otros países para obtener eventuales pruebas en el extranjero.
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El ingreso de los procesados se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y sin permitir el acceso de los medios de comunicación al recinto fiscal, lo que también generó cuestionamientos.
En las afueras, los ahorristas expresaron su preocupación por los fondos que no pueden recuperar. Uno de los afectados, identificado como Alfredo, manifestó que tiene Gs. 200 millones retenidos en la entidad y que necesita disponer de ese dinero para pagar los salarios de sus empleados y cumplir con sus obligaciones financieras.
"¿Por qué les cubren la cara a esos bandidos? Ustedes también son cómplices, bandidos. ¡Todos fuimos estafados!”, manifestó indignado don Alfredo tras la llegada de los directivos a la sede fiscal.
Durante la manifestación, los afectados también señalaron que más de un millón de personas estarían perjudicadas y exigieron la devolución de sus ahorros. Asimismo, reclamaron que se investigue el caso y que los responsables respondan ante la Justicia.