28 may. 2026

Fuerte manifestación frente al Ministerio del Interior por suspensión de ingreso de suboficiales en 2027

Miles de aspirantes a la Policía Nacional y sus familias se manifestaron en Asunción contra la suspensión de ingresos para 2027, exigiendo al Gobierno la reapertura de la convocatoria. Los afectados denunciaron perjuicios económicos y falta de oportunidades, mientras otorgaron una semana de plazo a las autoridades para habilitar al menos 1.000 vacancias.

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Miles de jóvenes aspirantes a la Policía Nacional y sus familias se manifestaron este jueves frente al Ministerio del Interior, en el microcentro de Asunción, tras el anuncio de la suspensión de ingresos para el año 2027. La movilización inició en la zona de la Catedral Metropolitana y avanzó hasta frente a la institución pública, donde los manifestantes exigieron respuestas de las autoridades.

Los afectados cuestionaron la decisión del Gobierno, argumentando que contradice las promesas del presidente Santiago Peña sobre la ampliación de cupos para fortalecer la seguridad. Durante la protesta, aspirantes denunciaron que miles de jóvenes llevan meses preparándose en cursillos privados y realizando sacrificios económicos para acceder a la academia policial.

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Miguel Cuenca relató que combina extensas jornadas laborales con horas de estudio para intentar cumplir su sueño de ingresar a la institución. Asimismo, representantes estudiantiles señalaron que la medida perjudica especialmente a quienes alcanzan el límite de edad permitido para postularse.

Los manifestantes también afirmaron que la suspensión vulnera artículos de la Constitución Nacional relacionados con la igualdad de oportunidades y el acceso a la función pública. Desde sectores organizados, cuestionaron además la precariedad del sistema educativo y la dependencia de academias privadas para superar las pruebas de ingreso.

Tras una reunión con el viceministro de Seguridad Interna, Carlos Benítez, los referentes advirtieron que no aceptarán el cierre definitivo de la convocatoria. Padres de familia y directores de cursillos otorgaron una semana de plazo al Gobierno para revertir la medida y habilitar al menos 1.000 vacancias.

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