Desde la víspera las familias que están instaladas en el inmueble en cuestión, hace 8 meses, instalaron una barricada donde advierten que no permitirán el paso de la comitiva fiscal policial que estaba previsto se constituya en el sitio a fin de cumplir lo que en cuestiones legales se denomina cese de hecho punible, que en la práctica es un desalojo.
El inmueble en conflicto está ubicado en la colonia Toryvete, en el municipio de Hernandarias donde las 130 familias se instalaron y destinaron parte de las tierras para cultivo de autoconsumo.
Según el oficio judicial esta diligencia está a cargo de la fiscal Natalia Montanía, quien atiende en la causa abierta a raíz de una denuncia presentada por Antonio Domingo Ferreira, en su carácter de arrendatario de 1200 hectáreas, perteneciente a la agroganadera Santa Felicidad propiedad de Hussein Mounir. Desde que el libanés fue implicado por las autoridades argentinas como uno de los que tuvo participación en los actos terroristas de 1984 se mantuvo prófugo. Desde el año pasado todas sus propiedades pasaron bajo administración de la Secretaría Nacional de Bienes Comisados, SENABICO.
La institución estaba en tratativas con los campesinos que ocupaban una parte del inmueble pero finalmente arrendó una importante extensión de la tierra, incluyendo donde están asentados estos ocupantes.
Ante esta situación y la vigencia de la orden para el retiro de los campesinos, los afectados cuestionan no solo la acción de la fiscal Natalia Montanía sino también los responsables de SENABICO y advirtieron que no se retirarán del sitio. Una barrera humana conformada por niños, adultos mayores y los demás ocupantes del inmueble se formó en la entrada al lugar donde también colocaron cubiertas en desuso para impedir el paso de las patrulleras mientras los hombres exhiben machetes, foizas y palos insistiendo que resistirán a cualquier intento de desalojo.
Una primera diligencia que debía cumplirse esta mañana ya fue suspendida, de acuerdo a lo informado desde la Dirección de Policía por que no están dadas las condiciones para su ejecución por lo que otra comitiva conformada por funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos y otras autoridades de la Policía Nacional se constituyeron en el lugar para conversar con los afectados, informó Rosana Villalba.
