La Cámara de Senadores aprobó de manera sorpresiva la postergación “sine die” (sin fecha fija) del estudio del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, cuya discusión estaba inicialmente programada para el 25 de marzo.
La decisión, impulsada por el senador Dionisio Amarilla, ha generado un intenso debate entre quienes defienden la necesidad de mayor tiempo para el diálogo y quienes denuncian una estrategia para desactivar las protestas sociales.
El presidente de la Comisión de Hacienda, senador Silvio “Beto” Ovelar, justificó la medida argumentando que busca dar “flexibilidad” a las negociaciones. “Con el sine die lo que pretendemos es darle flexibilidad a que si llegamos a un acuerdo en la próxima semana ya lo tratemos inmediatamente”, afirmó. Ovelar también reconoció que otro factor determinante fue evitar coincidencias con movilizaciones sociales.
La postergación generó críticas dentro del Senado. La senadora Lilian Samaniego calificó lo ocurrido como un “escándalo”, denunciando que la intención del oficialismo es impedir que los gremios se preparen para una posible manifestación masiva. Para Samaniego, las reformas duraderas son las que “no se imponen, se construyen a través del diálogo”.
El senador Dionisio Amarilla defendió su postura como articulador entre las exigencias técnicas del Ministerio de Economía y los planteamientos sociales de los gremios: “Creo que hay que escucharle más a la gente, las reformas que están trayendo y los cálculos que se están haciendo me parece a mí que son plausibles de ser escuchados”.
“El tiempo es el mejor aliado para que finalmente la gente termine digiriendo lo obvio... lo que no se puede hacer es imponerle a velocidad rápida esto”, indicó el senado Amarilla.
A pesar de la postergación, los legisladores coincidieron en la urgencia de la reforma. Amarilla advirtió: “de aquí a 2 o 3 años probablemente ya algunos sectores no podrán percibir sus remuneraciones” si no se actúa. Ovelar reconoció que el Senado contaba con los votos para aprobar la versión de la Cámara de Diputados, pero optó por no hacerlo para evitar una “crispación innecesaria”.
Ahora se espera que el Ministerio de Economía realice simulaciones sobre las propuestas de los gremios para alcanzar un “humo blanco” que permita avanzar con un proyecto consensuado.
