El Senado rechazó la pérdida de investidura de “Chaqueñito” al considerar que no existió violación de leyes ni uso indebido de influencias. El caso surgió por denuncias sobre el uso del Ministerio de Urbanismo para beneficiar a aliados políticos y secretarios con viviendas económicas.
La oposición criticó que un senador con un sueldo de 40 millones de guaraníes acceda a beneficios destinados a personas vulnerables, calificando las excusas presentadas como insuficientes. Se denunció que el ministerio es utilizado para asegurar lealtades y votos dentro del Parlamento.
La defensa resaltó el origen humilde del legislador como vendedor de “asaditos” e influencer, logrando que el pedido fuera declarado improcedente. Con el respaldo de la mayoría, el parlamentario mantendrá su banca en el Congreso.
