En una tensa reunión desarrollada en el Congreso Nacional, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, presentó un informe detallado para defender la adjudicación de 12 departamentos del proyecto Residentas 1, ubicado en Luque.
La sesión estuvo marcada por fuertes cruces verbales y acusaciones de uso de información privilegiada y supuesto hecho de tráfico de influencias en favor de figuras políticas, entre ellas el senador Javier “Chaqueñito” Vera y familiares de la senadora Zenaida Delgado. El eje central del debate giró en torno a la naturaleza del proyecto habitacional.
Mientras legisladores de la oposición denunciaron el uso de fondos públicos para beneficiar a personas con altos ingresos, el ministro fue categórico al afirmar: “No son viviendas sociales... son viviendas económicas que no tienen ningún tipo de subsidio”. Según explicó, cada unidad tiene un valor de Gs. 370 millones de guaraníes y, con financiamiento a 20 años al 7% de interés, el costo final asciende a aproximadamente Gs. 700 millones.
Desde la oposición, sin embargo, se cuestionó esta distinción, señalando que el edificio fue construido con recursos estatales. “Ese edificio está subsidiado por todos nosotros y tuvo que haber estado a disposición de toda la ciudadanía”, reclamó la senadora Yolanda Paredes, quien calificó la exposición del titular del MUVH como una “tomadura de pelo” y sostuvo que la institución “no se creó para construir vivienda para millonarios”.
Baruja defendió la legalidad del procedimiento y explicó que el plazo de 16 días para la adjudicación dependió exclusivamente de la rapidez en la presentación de documentos. “Tenemos adjudicaciones y tenemos documentos de menores plazos que Chaqueñito... algunos inclusive que tienen 7 días, 10 días”, afirmó.
Asimismo, indicó que se ordenó verificar si el senador reside efectivamente en el inmueble y advirtió que, de comprobarse lo contrario, “se va a ejecutar la operación de rescindir (el contrato)”. Las críticas también apuntaron a la supuesta falta de transparencia en el proceso. La oposición cuestionó que la convocatoria se haya publicado en un medio impreso de escasa circulación, lo que, según denunciaron, limitó el acceso a la información.
El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna calificó las críticas como un “ataque político miserable” y defendió la gestión del presidente Santiago Peña. Incluso lanzó acusaciones contra la senadora Paredes, mencionando presuntas irregularidades vinculadas a una propiedad de Itaipú.
La legisladora respondió con dureza: “Yo no toqué dinero público... y no robé dinero público como hacen ustedes... yo sí les puedo decir a ustedes los delincuentes que son”.
Baruja reiteró que las 12 adjudicaciones son “absolutamente legales” y aseguró que todos los beneficiarios cumplieron con el requisito de no poseer otros inmuebles a su nombre. “Me limité hoy a demostrar que los documentos y las 12 adjudicaciones están de acuerdo a la normativa”, concluyó.
