10 sept. 2025

Política

Colym Soroka, titular de la Comisión Permanente, convocó para este miércoles desde las 10:00 a una sesión extraordinaria para tratar la pérdida de investidura de la senadora Kattya González.
La senadora Celeste Amarilla se dio su apoyo a su colega Katia González, dijo que todo está secuestrado por Horacio Cartes. Habló de un retroceso a la era Stroessnista.
La senadora Kattya González, en huelga de hambre contra las intenciones del oficialismo de enmendar la Constitución, acusó al cartismo de intentar dar un «golpe cívico» y de pretender instalar un «neoestronismo». Afirmó que el Plan Hambre cero camufla las intenciones de tocar la Constitución.
La Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles un nuevo juicio contra Óscar Rubén González Chaves, hijo del fallecido Óscar González Daher. Se confirmó su condena solo por enriquecimiento ilícito.
Con la iniciativa ciudadana “Chau nepotismo”, piden debatir ideas y no forzar ley, el anteproyecto ya acumuló varias firmas y se espera alcanzar 48.321 para llegar al Congreso Nacional.
El hijo de la diputada Roya Torres, que cobra más de G. 9 millones por «asesorarla», contradijo a su madre al afirmar que no va a renunciar al cargo que ocupa alegando que no comete ningún delito.
El presidente de Diputados, Raúl Latorre, manifestó que combatirán «de forma frontal» al planillerismo en la Cámara Baja, adelantó que se hará un concurso público para 50 jóvenes y luego corrió de las preguntas de la prensa.
El diputado Raúl Latorre, presidente de la Cámara Baja, no se anima a hablar con la prensa sobre sus 300 contrataciones y sobre la situación de Montserrat Alliana y su millonario salario.
El senador Silvio Ovelar reconoció que incurrió en un «error» al aceptar la contratación de su hijo en el Congreso. Sobre sus desafortunadas declaraciones, dijo que su intención era demostrar que la gente del interior «viene a triunfar en el sector público».
El exgobernador de Presidente Hayes, Óscar Núñez, hermano del senador Basilio Núñez, fue condenado a 11 años de cárcel al comprobarse su culpabilidad en un perjuicio al Estado de más de G. 42.500 millones durante su administración.