Una denuncia fue presentada ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público por presuntas irregularidades en el IPS. La acción, presentada por el abogado Guillermo Ferreiro, señala un supuesto esquema de enriquecimiento ilícito, desvío de fondos y conflictos de interés en contrataciones de alimentos.
El caso involucra a Carlos Morel Martínez, miembro del Consejo Directivo del IPS, según los términos de la denuncia. El documento menciona además a Rosalba Morel Gadea, hija del consejero, quien se desempeña como nutricionista en el IPS.
Según la denuncia, Morel Gadea también prestaba servicios para el Consorcio de las Marías, empresa adjudicada por el IPS. La presentación sostiene que las adjudicaciones vinculadas al caso superarían los Gs. 21.000 millones.
“La misma persona que firma la adjudicación en el IPS tiene a su hija como nutricionista en el IPS, adjudica a una empresa donde esa misma hija también es nutricionista”, cuestionó el abogado denunciante.
Asimismo, menciona un contrato individual de aproximadamente Gs. 9.000 millones para la provisión de alimentos. La denuncia plantea dudas sobre el cumplimiento efectivo de algunas de las prestaciones contempladas en dichas contrataciones.
“No vemos que esos alimentos se estén proveyendo a la previsional no vemos que que los asegurados cuenten con esos con esos alimentos”, señaló.
Otro de los puntos señalados corresponde a presuntos incrementos patrimoniales que no guardarían relación con sus ingresos declarados. “Van incrementando su patrimonio con donaciones... tienen casas en San Bernardino”, afirmó.
También se cuestionan procesos registrados en el portal de Contrataciones Públicas, entre ellos el ID 326912, por protestas desestimadas. “No sabemos por qué esa protesta fue desestimada”, manifestó, sugiriendo que la falta de transparencia es una herramienta clave para mantener el esquema.
El denunciante afirma haber recibido posteriormente información de otros funcionarios del IPS sobre nuevas presuntas irregularidades. El caso quedó a consideración del Ministerio Público, que deberá determinar la existencia o no de hechos punibles y las responsabilidades correspondientes.
