La Corte argumentó que las normas dictadas por el Ejecutivo, que aprueban el Presupuesto General de la Nación, podrían acarrear perjuicio irreparable, justificando así la medida cautelar.
El abogado que recurrió a nombre de la Corte Suprema de Justicia fue Gustavo Gorostiaga, quien se desempeña como asesor de la misma. Los ministros que firmaron la resolución fueron Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera y Víctor Ríos Ojeda.
Mientras la ciudadanía común debe pagar por el combustible, esta decisión podría permitir que autoridades y funcionarios, sigan recibiendo privilegios. Cuestionan que la propia Corte Suprema actúa como “juez y parte” al tomar una decisión que la afecta directamente, permitiendo a sus propios funcionarios y autoridades seguir utilizando este beneficio.
