La defensa técnica del presidente Santiago Peña sostuvo ante la Cámara de Senadores que el juicio político en su contra debe declararse nulo tras la presentación de su renuncia al cargo. El abogado Adolfo Ferreiro, acompañado por Ricardo Preda, argumentó que el procedimiento pierde vigencia cuando el mandatario deja de ejercer sus funciones.
Ferreiro afirmó que el juicio político constituye una garantía para proteger a las autoridades mientras permanecen en sus cargos y no un mecanismo de persecución. Durante su exposición, recordó los antecedentes de los exministros Santiago Paredes Jara, Raúl Sapena Brugada y Luis Lezcano Claude, cuyos procesos concluyeron tras sus renuncias.
La defensa también cuestionó la posibilidad de rechazar la dimisión para impedir que Peña acceda a la senaduría vitalicia. Al respecto, Ferreiro sostuvo que esta figura constitucional no representa un «manto de impunidad», sino un aporte institucional de los expresidentes.
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Los abogados señalaron que la continuidad del proceso vulneraría las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa. Asimismo, advirtieron que, si el juicio político prosigue, recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia y los organismos internacionales.
Ferreiro mencionó que Paraguay registra 11 condenas internacionales relacionadas con incumplimientos del debido proceso. La defensa solicitó al Senado considerar la renuncia como causal de extinción del juicio político y sostuvo que cualquier responsabilidad debe ser examinada por la justicia ordinaria.
