La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, manifestó que desde que tomaron intervención en el caso brindaron asesoramiento a la afectada, quien ya presentía posibles cambios en sus condiciones laborales tras comunicar su embarazo. Según las autoridades, lo observado en el video del incidente constituye una agresión directa, puesto que no existe legalmente el cambio unilateral de las condiciones de un contrato y la coacción para firmar documentos es considerada una infracción laboral. Aunque la trabajadora optó por realizar una denuncia policial por violencia ante la Fiscalía, el Ministerio ha activado a su cuerpo inspectivo para determinar el rol del agresor en la empresa y proteger a los demás empleados de posibles situaciones similares.
Ante los alegatos del empleador, quien acusó a la mujer de “engañar” a la empresa por no informar su estado al ingresar, la institución aclaró que tales argumentos son erróneos y constituyen una discriminación total. La ley protege a la mujer embarazada desde el momento de la comunicación del hecho, incluso si se encuentra dentro del periodo de prueba de 60 a 90 días. Además, se recordó que está estrictamente prohibido exigir pruebas de embarazo o de VIH como condicionante para acceder a un empleo, ya que el embarazo es un estado y no una enfermedad. En este caso particular, aunque la ley suele amparar la reposición laboral, la víctima manifestó por escrito su voluntad de no regresar al establecimiento debido al clima de violencia generado.
La fiscalización, que inició formalmente el 20 de enero, implica una revisión completa de la situación de todos los trabajadores de la empresa, incluyendo salarios, seguridad social, horas extras y el cumplimiento de normas de salud y seguridad ocupacional. Las consecuencias administrativas para la firma podrían incluir multas de entre 10 a 30 jornales por cada trabajador afectado, y en caso de reincidencia, el Ministerio posee la potestad de clausurar temporalmente el local hasta que se subsanen las condiciones de seguridad. Para aquellas personas que enfrenten situaciones de violencia laboral, el Ministerio mantiene habilitada la línea de atención vía WhatsApp 0993 308 100 para canalizar denuncias y activar los protocolos correspondientes.
