30 abr. 2025

Docentes y enfermeras estafadas por “La mafia de los pagarés”

Un grupo de docentes y enfermeras estafadas por el conocido esquema de “La mafia de los pagarés” se presentó en el Poder Judicial para solicitar el cese de los embargos que afectan sus salarios.

Docentes y enfermeras, afectadas por la mafia de los pagarés, muchas de las cuales enfrentan deudas millonarias derivadas de esta estafa, llegaron este viernes ante al Poder Judicial con la esperanza de ser escuchadas y recibir algún tipo de respuesta de las autoridades judiciales.

Mirna Gallardo, representante de la Asociación Paraguaya de Enfermería, comentó que las afectadas son tanto compañeras jubiladas como activas, quienes deben enfrentar deudas que rondan entre 40 y 50 millones de guaraníes, sin contar los honorarios de los abogados. “Es una rosca que perjudica enormemente”, afirmó Gallardo.

A pesar de la situación desesperante, las docentes y enfermeras apelaron a la “sensibilidad de los ministros de la Corte” para que intervinieran y cesaran los embargos que les están afectando. Sin embargo, lamentablemente, no fueron recibidas por ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia. Ante la situación, la Policía Nacional intervino en el lugar.

El informe “Latinobarómetro 2024: La democracia resiliente” señala que apenas un poco más del 20% de los paraguayos tienen algo de confianza en el Parlamento y en el Poder Judicial, lo que refleja una de las grandes debilidades de la democracia en el país. La denominada “mafia de los pagarés”, un esquema judicial de estafas, evidencia una de las razones de esa falta de credibilidad, precisamente porque a las víctimas les resulta muy difícil obtener justicia.

Desde diciembre de 2024, se viene denunciando un verdadero sobre esta mafia, que consiste en un esquema judicial por el cual estudios jurídicos consiguen pagarés ya cancelados pero no retirados por los firmantes. Con estos pagarés, se inician juicios contra las personas firmantes de deudas ya saldadas. Ante la magnitud de las denuncias, la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispuso la intervención y auditoría de los juzgados de Paz de la capital, involucrados en este esquema de doble cobro de deudas ya canceladas.

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