La ley, que impone mayores controles a las ONG, fue sancionada y remitida a la Presidencia de la República para su promulgación o veto, decisión que ahora recae en Santiago Peña.
La remisión de esta ley, impulsada por el sector cartista y también conocida como “Ley anti-ONG”, demoró más de un mes. Según el presidente del Congreso, Basilio Núñez, el retraso se debió a “correcciones de forma”.
Al ser consultado sobre la posible reacción del bloque cartista en caso de que el presidente Peña vete la ley, Núñez indicó que es probable que acepten la decisión.
La normativa es apodada “Ley Garrote” debido a los fuertes controles que impone sobre las organizaciones, especialmente aquellas que trabajan en temas de corrupción y transparencia en los órganos del Estado. Para la oposición, esta ley es vista como una herramienta de persecución por parte del oficialismo.
