Legisladores de la oposición y la disidencia colorada socializaron en la Cámara de Diputados el libelo acusatorio que plantea el juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, por presunto mal desempeño en sus funciones.
La iniciativa es impulsada por la diputada Rocío Vallejo, junto con Luis Federico “Freddy” Franco, Johanna Ortega y Mauricio Espínola, entre otros parlamentarios.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la presunta frustración de la persecución penal en las investigaciones que involucran al expresidente Santiago Peña y al denominado Grupo Vázquez, vinculado a más de 50 empresas.
Según el documento, los allanamientos e incautaciones se realizaron de manera tardía, lo que habría permitido retirar bienes, dinero y documentos de los inmuebles investigados. “Rolón protege este esquema criminal y se tiene que ir”, manifestó Vallejo al fundamentar la acusación.
Otro de los puntos cuestionados es la designación de solo cuatro agentes fiscales para investigar las causas, pese a su complejidad y alcance. Al respecto, la legisladora sostuvo que el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público faculta al fiscal general a disponer la colaboración de otros agentes fiscales.
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El libelo también señala la fragmentación de las investigaciones, la falta de diligencias oportunas ante denuncias sobre fondos públicos depositados en entidades bancarias y las deficiencias del Laboratorio Forense de la Fiscalía.
En este último caso, cuestiona la falta de respuesta a los reclamos presentados por funcionarios desde mayo del año anterior, debido a la carencia de insumos y recursos operativos.
“Ellos (los forenses del laboratorio) denunciaban hechos gravisimos que a esta fecha no han sido subsanados, falta de insumos, y mencionaban también que no podían llevar adelante en forma hasta responsable su trabajo, porque no tenía recursos dentro del Laboratorio Forense”, indicó la diputada Vallejo.
Vallejo atribuyó a Rolón una presunta omisión criminal y sostuvo que su actuación podría encuadrarse en el delito de frustración de la persecución penal, previsto en el artículo 292 del Código Penal.
Los impulsores del libelo consideran que estos hechos constituyen causales de mal desempeño en sus funciones y fundamentan el pedido de juicio político.
