La senadora Celeste Amarilla anunció que votará a favor de conceder una prórroga para que el presidente Santiago Peña pueda ejercer su derecho a la defensa en el marco del juicio político impulsado en su contra. La legisladora sostuvo que no corresponde otorgar solamente 12 horas para presentar los descargos y recordó que la Constitución garantiza el debido proceso.
“La Constitución no se interpreta, la Constitución se cumple”, expresó Amarilla durante una conferencia de prensa realizada en los pasillos del Congreso Nacional. La senadora señaló que las garantías constitucionales deben respetarse independientemente de la persona sometida al proceso.
Como antecedente, recordó su propia suspensión en la Cámara de Diputados, cuando aseguró que solamente le concedieron 15 minutos para defenderse en el pleno. También mencionó la destitución de la exsenadora Kattya González, quien, según afirmó, no contó con tiempo suficiente para ejercer su defensa.
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Amarilla advirtió que repetir esas situaciones podría generar nuevas demandas contra el Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Citó casos de otros legisladores y sostuvo que, si el Estado debe pagar indemnizaciones por vulneraciones al debido proceso, podría aplicar el derecho de repetición contra los legisladores responsables.
“Los que votaron mal son los que tienen que pagar, no el Gobierno, no el Estado”, manifestó. Asimismo, cuestionó que los contribuyentes deban asumir las consecuencias económicas de decisiones parlamentarias que vulneren las garantías constitucionales.
La legisladora también explicó que los plazos perentorios no significan que se deba impedir el ejercicio de la defensa y consideró que un periodo de 48 horas sería razonable. “Hasta a un asesino, a un violador se le da el derecho a la defensa”, expresó.
Finalmente, aclaró que su postura responde a un criterio personal y jurídico, y que no fue acordada con integrantes de la bancada democrática. “Yo soy abogada y esta es mi posición personal”, afirmó, al reiterar que acompañará la prórroga porque considera que el respeto a la Constitución debe prevalecer sobre las presiones políticas y sociales.
