La situación en la previsional ha llegado a un punto crítico donde los ciudadanos denuncian que “están hartos” de las malas condiciones de salud que atraviesa la institución. Entre los testimonios recogidos, se resalta la indignación por la supuesta falta de atención oportuna que habría derivado en tragedias personales, mientras los asegurados cuestionan el destino de los fondos y denuncian hechos de corrupción en el manejo de los recursos. La sensación generalizada entre los consultados es que el sistema actual no ofrece soluciones reales, calificando la gestión como una “porquería” que obliga a los ciudadanos a seguir sufriendo mientras no existan cambios de fondo en el gobierno.
El desabastecimiento y la mala atención afectan incluso los procedimientos más sencillos, obligando a los pacientes a realizar viajes infructuosos. Don Ignacio, mencionó que viajó desde Capiatá para recibir una inyección, pero fue rechazado por “trabas burocráticas”, por lo que tuvo que dirigirse a la central en busca de respuestas. A esto se suma que, aunque algunos no deben pagar directamente por ciertos medicamentos, los gastos en pasajes y traslados constantes representan una carga económica significativa para las familias que no encuentran soluciones en su primera consulta.
Finalmente, los aportantes critican con dureza la asimetría del sistema: el IPS es implacable con los cobros, pero deficiente en la prestación de servicios. Los usuarios señalan que, si un empleador o un trabajador independiente se retrasa un solo día en el pago, el sistema les niega automáticamente la posibilidad de ser atendidos. Esta rigurosidad financiera contrasta drásticamente con la calidad del servicio recibido, llevando a los asegurados a afirmar que, si se aplicara la misma lógica de “buen servicio a cambio de pago”, la institución ya estaría en la quiebra debido a la mala atención y la falta de insumos.
