El esquema delictivo comenzaba con la venta de vehículos a cuotas con montos inicialmente bajos para atraer a los clientes. Sin embargo, tras apenas dos o tres meses de uso, los automóviles comenzaban a presentar desperfectos mecánicos, por lo que eran derivados a un taller que trabajaba en complicidad con la playa de venta. En dicho taller, se notificaba a las víctimas sobre supuestas fallas costosas en el motor u otras piezas, generando una deuda excesiva que se utilizaba como pretexto para que la empresa se quedara con el vehículo como parte de pago, despojando así al propietario de su bien.
La investigación apunta a que una escribanía local facilitaba el fraude mediante la producción de documentos no auténticos y la falsificación de firmas. Utilizaban folios originales, membretes y sellos de certificación, los delincuentes hacían figurar a las víctimas como codeudores o garantes de deudas externas sin su consentimiento. El Ministerio Público se encuentra analizando las evidencias recolectadas para determinar el grado de implicancia real y el contubernio entre los escribanos, los dueños de las playas de venta y el taller mecánico involucrado.
Hasta la fecha, se han identificado entre 10 y 15 víctimas de este esquema fraudulento en diversas unidades penales. Entre los afectados destaca el caso de un paciente oncológico, quien fue despojado de su medio de transporte indispensable para asistir a sus tratamientos médicos. Según las autoridades, este grupo operaba de manera inescrupulosa, captando clientes con ofertas atractivas que, en poco tiempo, se convertían en deudas impagables debido a las manipulaciones documentales y mecánicas.
