La orden judicial para allanar la sede central de Ueno Bank fue firmada el 5 de noviembre por el juez penal de Garantías Rodrigo Emanuel Estigarribia. Sin embargo, el Ministerio Público ejecutó el procedimiento recién el lunes 9, cinco días después de su autorización.
El mandamiento disponía el ingreso al local ubicado sobre la avenida Santa Teresa, en Asunción, y el secuestro de documentos y otros elementos relevantes para la investigación. La medida debía ser ejecutada por un equipo de agentes fiscales, entre ellos Yeimy Adle, Jorge Arce, Silvio Corbeta, Elena Fiore, Silvia González, Marlene González, Ruth Benítez y Francisco Cabrera.
La demora generó cuestionamientos sobre la actuación de la Fiscalía, ante el eventual riesgo de que documentos físicos, archivos digitales y registros financieros vinculados a la causa pudieran ser alterados, ocultados o retirados antes del procedimiento.
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Las denuncias señalan que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, habría frenado la ejecución de la medida. Este hecho fue incorporado como uno de los argumentos del libelo acusatorio presentado por diputados para impulsar su juicio político.
La acusación sostiene que la presunta retención de la orden podría configurar frustración de la persecución penal y omisión de deberes de la función pública. La Cámara de Diputados deberá analizar estos cuestionamientos como parte de los fundamentos del pedido de juicio político.
