Según el fiscal interviniente, Juan Ledesma, se investiga específicamente las rendiciones de cuentas de organizaciones no gubernamentales que recibieron recursos de la Gobernación. Se habla de unos G. 19.000 millones, según un reciente informe de la Contraloría General de la República.
Explicó que verifican si existen las documentaciones respaldatorias de las transferencias y una vez que se cuente con ellas se investigará el destino de los recursos transferidos.
«Estamos hablando de varios desembolsos realizados y la Gobernación tiene la obligación de verificar que las rendiciones sean presentadas por parte de las instituciones que reciben esos recursos a los efectos de poder otorgar otros recursos», dijo.
