El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó la audiencia preliminar contra el ex intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y otros acusados por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia. La diligencia se realizará los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre próximos.
La causa corresponde a la segunda investigación contra el ex jefe comunal y sus coprocesados, en la que se señala un supuesto perjuicio económico de G. 306.188.500, debido a pagos realizados a una supuesta empresa proveedora de mercaderías, según consta en la acusación del Ministerio Público.
El magistrado Otazú estableció estas fechas para evaluar el pedido de elevar la causa a juicio oral, presentado por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez. La convocatoria a la audiencia es bajo apercibimiento del artículo 112 del Código Procesal Penal, que exige que las partes actúen de buena fe y sin obstaculizar el proceso.
La Fiscalía solicitó que, de no presentarse los acusados, se ordene su conducción forzosa con auxilio de la fuerza pública, pero esta petición fue rechazada por el juez.
Además de Miguel Prieto, están imputados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas, acusado de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal en calidad de coautor junto a Prieto.
También se encuentran procesados Buenaventura Morínigo, propietario de Tajy Servicios Generales (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, representante legal y accionista de Vanemi SA (subproveedor de Tajy); Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC); Sebastián Martínez Insfrán, ex director de Desarrollo Social y actual concejal; y Alex Samhat, jefe de la Planta Procesadora de Alimentos de la Municipalidad y administrador del contrato.
Completan la lista Higinio Acuña, jefe de adquisición y suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago; y Nelson Segovia Acevedo, tesorero municipal, quienes están procesados como cómplices por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
