El proceso de resolución de Ueno Bank, iniciado por el Banco Central del Paraguay (BCP), mantiene retenidos fondos de varias instituciones públicas. Entre las entidades afectadas se encuentra el Instituto de Previsión Social (IPS), que registra depósitos por USD 516 millones en la entidad bancaria.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene casi USD 40 millones correspondientes a los recursos de la Caja Fiscal. Por su parte, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) tiene USD 51 millones, provenientes en parte de préstamos multilaterales destinados a obras de infraestructura eléctrica.
Asimismo, la Caja de Jubilados de Itaipú (CAJUBI) registra USD 6,4 millones retenidos, mientras que Itaipú Binacional mantiene USD 164 millones y Gs. 115.000 millones. A estos montos se suman los Gs. 70.000 millones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y aproximadamente Gs. 40.000 millones de la Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).
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Por otra parte, Petropar presentó denuncias penales contra directivos de Ueno Bank y se constituyó en querellante. En tanto, Conatel también aparece vinculada al caso por la adjudicación de la licitación de la frecuencia 5G a Nubicom, firma relacionada con el Grupo Vázquez.
Los recursos comprometidos corresponden a fondos previsionales, depósitos institucionales, operaciones estatales y créditos destinados a proyectos públicos. Su inmovilización genera preocupación sobre la disponibilidad de recursos para el pago de jubilaciones, la prestación de servicios y la ejecución de inversiones de las instituciones afectadas.
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En paralelo, la actuación del Ministerio Público en las investigaciones relacionadas con Ueno Bank recibió cuestionamientos por la demora en el aseguramiento de activos y la determinación de posibles responsabilidades.
Mientras continúan las investigaciones y el proceso de resolución bancaria, las instituciones afectadas buscan recuperar los recursos depositados en la entidad.
