Durante el operativo, encabezado por la fiscal Elvia Chávez y agentes de la Policía Nacional, se tuvo que recurrir al uso de la fuerza para ingresar al predio debido a la férrea oposición de la mujer que reside en el lugar. La ocupante llegó a exigir el pago de 700 millones de guaraníes por abandonar el sitio y otros 10 millones por el supuesto valor de los materiales, alegando que se dedicaba al reciclaje; sin embargo, las autoridades constataron que el lugar funcionaba como un depósito de basura acumulada que incluía restos de comida en descomposición y otros residuos orgánicos.
El impacto ambiental y sanitario en la zona es alarmante, ya que los vecinos denunciaron olores nauseabundos y una infestación masiva de ratas y alimañas que invaden las viviendas aledañas. Según los testimonios recogidos por el Ministerio Público, la contaminación ha provocado afecciones en la piel y se sospecha de la presencia de bacterias, que estarían enfermando a los residentes cercanos cada vez que las lluvias dispersan los desechos. Ante esta situación, se investigan presuntos delitos ambientales relacionados con la gestión irregular de residuos.
Además de la crisis ambiental, la Codeni intervino en el lugar debido a la presencia de menores de edad conviviendo en condiciones deplorables de precariedad. Se reveló que la mujer ya había sido reubicada en ese terreno fiscal anteriormente tras ser desalojada de otra ocupación cercana.
