En contacto con este medio, la senadora Kattya González detalló tras su reunión en Cancillería que se abrió una instancia arbitral dentro del marco del Tratado de Santa Cruz de la Sierra, que establece un marco normativo común para el transporte por la hidrovía Paraguay-Paraná, y que insistirán en el punto ante el Parlasur previendo posibles «chicaneos» de Argentina al dilatar el nombramiento de un árbitro.
Señaló que, a parte de la violación del tratado mencionado, también las acciones argentinas pasan por encima acuerdos al libre circulación de bienes y personas, así como trabas al libre comercio contemplados en el Tratado de Asunción.
«La posición de Argentina es muy grave y vamos a hacer fuerza para que sea una posición de Estado y no solo del Gobierno», manifestó la legisladora.
Por otra parte, la senadora señaló que la posición argentina «va más allá del cobro del peaje» y señaló que viola su propia constitución nacional al retener una embarcación cargada e incluso dispuesta a pagar el polémico arancel.
«Se trata de la violación de la propia constitución argentina, de la instrumentación de la Justicia por parte de una facción política, de manera tal a retener y endurecer medidas contrarias a las normas del derecho internacional», dijo al tiempo de apelar a «respuestas recíprocas» por parte del Estado paraguayo en defensa de los intereses del país.
