La docente Liz Prieto, del área de educación inclusiva, se presentó ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para relatar su experiencia como víctima de la denominada “mafia de los pagarés”.
Prieto denunció que la compra de un microondas derivó en una deuda que hoy asciende a Gs. 3.000 millones aproximadamente, pese a haber pagado ya Gs. 78 millones.
La docente señaló que su historial de descuentos inició en 2017 con Gs. 28 millones. Según relató, percibe un salario de apenas Gs. 1.600.000, mientras los embargos le impiden cubrir medicinas para sus padres enfermos.
Hace nueve años solicitó el cese de descuentos con el abogado fiscal Alejandro Nissen ante el Banco Nacional de Fomento (BNF) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Las víctimas pidieron juicio político a nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia. También exigen resarcimiento por los daños que consideran “irreparables”.
Legisladores escucharon el testimonio de las víctimas, prometiendo revisar las acciones legales y políticas pertinentes para darle una solución definitiva al caso.
