Alrededor de 5.000 familias se encuentran afectadas por la crisis del Grupo Vázquez, que involucra a aproximadamente 30 empresas. Los trabajadores denuncian que continúan figurando como empleados de las firmas, pese a que dejaron de percibir sus salarios y no reciben información sobre su situación laboral.
La falta de desvinculación formal les impide gestionar sus indemnizaciones, acceder al subsidio por desempleo y buscar nuevos puestos de trabajo con su documentación en regla. Ante esta situación, decenas de empleados se movilizaron frente al Ministerio de Trabajo para exigir respuestas y el pago de sus haberes.
Durante la última semana, la cartera estatal convocó a una mesa de negociación tripartita, pero los representantes del Grupo Vázquez no se presentaron. A la reunión acudieron únicamente los trabajadores afectados y funcionarios del Ministerio, por lo que el encuentro concluyó sin avances.
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Verónica Barrios, colaboradora de ITTI, una de las empresas afectadas, manifestó: “Actualmente nosotros no tenemos un futuro certero de qué va a pasar con nosotros, no fuimos desvinculados oficialmente”. La trabajadora también denunció que los empleados no pudieron disponer de sus salarios y perdieron sus ahorros en las plataformas financieras vinculadas al grupo empresarial.
“Hay familias que no tienen ni para comer ahora ni para poder cubrir sus gastos mínimos”, expresó Barrios al describir la situación de los afectados. La crisis también alcanza a trabajadores de Argentina, Perú, Colombia, Venezuela y Chile, quienes denuncian incertidumbre laboral y falta de pago por los últimos periodos trabajados.
“No nos abandonen, háganse eco de esta problemática, es demasiado grande”, expresó la trabajadora.
Ante la ausencia de representantes empresariales, los afectados buscan avanzar por la vía judicial para formalizar la rescisión de sus contratos y reclamar las indemnizaciones correspondientes. Por su parte, el Ministerio de Trabajo anunció que brindará asistencia de defensores públicos para impulsar una demanda colectiva sin que los empleados deban afrontar los costos judiciales.
