Un lapidario informe del interventor revela que el 92% de los fondos obtenidos mediante bonos para infraestructura fueron usados en salarios, bonificaciones y consumos corrientes, violando normas legales y dejando un profundo descalce financiero en la Municipalidad de Asunción.
La promesa era clara: invertir en infraestructura. Sin embargo, la realidad, documentada en el informe final del interventor Carlos Pereira, muestra que la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez al frente de la Municipalidad de Asunción terminó usando los bonos G8 —emitidos con la excusa de mejorar la ciudad— como un salvavidas político y financiero. La denuncia es contundente: solo el 7% de los G. 279.000 millones fueron destinados a obras, mientras que el 92% se desvió hacia gastos corrientes, sueldos, aguinaldos y otras erogaciones sin relación con el objetivo original.
El análisis, que abarca los ejercicios fiscales 2022 y 2023, detalla que la gran mayoría de los recursos se destinaron al pago de servicios personales, amortización de préstamos, servicios no personales y consumo de bienes. Solo G. 36.275 millones fueron efectivamente invertidos en obras físicas, muchas sin vínculo con el objeto del endeudamiento.
El informe concluye que la administración de Nenecho incurrió en una grave violación de la Ley Orgánica Municipal, al redireccionar recursos del crédito público a fines no autorizados. La figura más crítica es la de una “Cuenta Única” ilegal, que permitió mezclar indiscriminadamente fondos de diferentes orígenes, imposibilitando su trazabilidad y facilitando el uso discrecional sin control legal ni administrativo.
Además, se responsabiliza directamente al exintendente, a su jefe de Gabinete Nelson Mora y a la mayoría colorada en la Junta Municipal por aprobar sin objeciones las rendiciones de cuentas de la gestión.
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La intervención también detectó un “estado cercano a la anomia” institucional, con creciente brecha entre lo recaudado y lo gastado, pérdida de eficiencia y un modelo de administración marcado por la corrupción, el despilfarro y la opacidad. Uno de los casos más llamativos es el del actual titular de Contrataciones Públicas, Agustín Encina, quien cobró G. 8.655 millones en honorarios jurídicos del municipio, según el informe.
En el uso del Fondo Fijo, se detectaron compras sin justificación, gastos repetidos, y facturas emitidas por empresas fantasma o con RUC bloqueados. Ejemplos insólitos como la compra de “lomitos” por G. 873.000 o facturas por “cartones” de casi G. 2 millones fueron cargados a comedores obreros y oficinas sin explicar su necesidad ni proceso de licitación.
El diputado Raúl Benítez fue más allá y vinculó el uso indebido de los bonos con la campaña electoral de la senadora Lizarella Valiente, señalando transferencias millonarias justo antes de las internas de 2022. Lizarella respondió en redes, desafiándolo a presentar pruebas, mientras su abogado Óscar Tuma anunció acciones legales contra el legislador.
El documento del interventor es claro: la Municipalidad se endeudó gravemente, violó normas fundamentales y desvió los fondos destinados a obras a gastos políticos y personales, generando una crisis administrativa que aún compromete el futuro financiero de Asunción. El informe recomienda una auditoría integral, suspensión de reposiciones cuando haya irregularidades y acciones correctivas urgentes para resguardar el dinero de los contribuyentes.
