Distintos sectores de la oposición cuestionaron con dureza la suspensión temporal de todos los locales de la cadena de minimercados Biggie, ordenada por el Gobierno de Santiago Peña. Calificaron la medida como “arbitraria, desmedida y selectiva”, y acusaron al presidente de utilizar el poder para “perseguir a enemigos de turno”.
Una de las voces más críticas fue la de la senadora Esperanza Martínez, quien, a través de la red social X, publicó imágenes que contrastan la sanción impuesta a Biggie con otras situaciones graves que, según señaló, no reciben la misma atención por parte del Estado. Entre las fotos se incluye la explosión en la planta de Ochsi que dejó cuatro trabajadores fallecidos en 2024 y un bus incendiado en estado de abandono.
“La salud, los derechos laborales y de los consumidores deben estar por encima del lucro”, afirmó, cuestionando la falta de coherencia del Gobierno y reclamando la aplicación de procedimientos “claros y responsables”.
Martínez también denunció que el oficialismo favorece a grupos aliados con negocios y contratos, mientras actúa con hostilidad hacia quienes lo critican. Propuso que, si el objetivo fuera realmente proteger a trabajadores y consumidores, se reforzaría el presupuesto de instituciones como el Ministerio de Trabajo, Conacom y Sedeco, “para no dejar impunes a muchos otros infractores”.
Por su parte, el partido Patria Querida rechazó la medida con firmeza, calificándola de “ilegal, inconstitucional” y tildando al presidente Peña de “caprichoso”. Según el comunicado del partido, la suspensión de Biggie afecta la seguridad jurídica y envía un mensaje negativo a inversores nacionales y extranjeros.
“Las reglas de juego dependen del antojo y enojo de un presidente irresponsable y de su entorno autoritario”, expresaron. También advirtieron sobre el riesgo de que se instalen prácticas autoritarias similares a las de Venezuela o Cuba.
“Paraguay necesita un presidente que respete la Constitución y fomente la confianza. Peña gobierna por caprichos y le queda grande su investidura”, concluyó el pronunciamiento de la nucleación opositora.
La salud, los derechos laborales y de los consumidores deben estar por encima del lucro. Se debe aplicar la ley mediante procedimientos claros y responsables. Con la salud no se juega ni se comercia.
— Esperanza Martinez (@esperanza_py) August 13, 2025
Aquí el problema es que resulta difícil creer en las intenciones de un gobierno… pic.twitter.com/nvi3qMfIaa