El proceso está pensado para su uso en las internas partidarias, las municipales de 2026, las generales de 2028 y otros comicios hasta el 2035. La licitación está marcada por protestas, observaciones y acusaciones de direccionamiento.
Con múltiples cuestionamientos de por medio, el TSJE lleva adelante este jueves a las 09:00 la apertura de sobres para la adquisición de 28.000 nuevas máquinas de votación. El presupuesto estimado para esta compra es de USD 92.820.334, que serán abonados en un plazo de cuatro años. Las máquinas se utilizarán en los próximos procesos electorales del país, incluyendo las elecciones municipales de 2026 y las generales de 2028, así como en comicios hasta el año 2035.
El proceso de licitación ha estado rodeado de controversias. Varios partidos de la oposición y sectores de la disidencia colorada denunciaron un presunto direccionamiento de la licitación a favor de empresas vinculadas al entorno del presidente Santiago Peña. Entre las firmas cuestionadas se encuentran ITTI y Technoma, mientras que Tecmont ha sido señalada por tener supuestos vínculos con José Alberto Alderete, vicepresidente de la ANR.
Entre los oferentes figuran empresas como MSA, de origen argentino (ganadora en 2021 y 2023, cuando las máquinas eran arrendadas), ahora concursando por separado del consorcio Excelsis. También compiten Smartmatic, multinacional con sede en Venezuela, y la firma surcoreana Miru System, ambas con experiencia en procesos similares.
Desde el llamado oficial a licitación, realizado el 11 de marzo, el proceso ha estado plagado de irregularidades, según denuncias de participantes. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) emitió más de 30 observaciones al pliego de bases y condiciones, suspendiendo el llamado en tres ocasiones.
En total, se presentaron al menos 16 protestas formales por parte de empresas como Miru Systems, MSA, Comitia Paraguay SA, Bypar SA y la aseguradora Tajy. Estas acciones reflejan la preocupación del sector privado por la transparencia y la competitividad del proceso.
Frente a los cuestionamientos, representantes de la oposición y legisladores disidentes se reunieron con los ministros del TSJE, exigiendo garantías sobre la seguridad de los equipos y la neutralidad del proceso. Solicitaron además que se refuerce la fiscalización técnica y legal del proceso para asegurar su legitimidad.
