El origen de la polémica se remonta a un incidente ocurrido en abril, cuando Jiménez detuvo a un adolescente de 14 años por su presunta implicación en el robo de motocicletas.
Durante la detención, la fiscal Girala ordenó la liberación del menor, argumentando que la aprehensión no se había realizado en flagrancia y que no existía una orden judicial escrita. Jiménez, en desacuerdo con la decisión, grabó una conversación telefónica con la fiscala y la publicó en sus redes sociales, lo que desató una ola de críticas y cuestionamientos.
En respuesta, la Asociación de Fiscales pidió la apertura de un sumario contra Jiménez y sugirió su traslado de la Comisaría 24ª, lo que generó el rechazo de los manifestantes. Durante la movilización, los vecinos pidieron que el oficial no fuera removido y que pudiera seguir realizando su trabajo en la comisaría, donde aseguran que se sienten más tranquilos y seguros desde su llegada.
“Exigimos que el oficial se quede; le damos 48 horas al fiscal general para que intervenga y ordene a la Fiscalía de la zona que se reúna con la policía para solucionar las diferencias y mejorar los mecanismos de trabajo”, expresó uno de los manifestantes. Además, algunos de los presentes aseguraron que las grabaciones realizadas por el oficial permiten que los ciudadanos estén más informados sobre el trabajo policial, lo que, según ellos, previene posibles actos de corrupción dentro de la institución.
El oficial Jiménez, por su parte, solicitó formalmente su traslado debido a “dificultades operativas” con la Fiscalía del Sector 1, tras intentar resolver el impase con la fiscala Girala a través de reuniones de coordinación sin éxito. En su solicitud, señaló que la situación comprometía su desempeño como policía, lo que podría afectar la calidad del servicio brindado a la ciudadanía.
Mientras tanto, el comisario Daniel Tellez afirmó que Jiménez continúa trabajando en la Comisaría 24ª y está realizando un curso de especialización para su ascenso. El oficial también explicó que los ingresos generados por sus videos en YouTube son reinvertidos en la sede policial.
La controversia también ha puesto sobre la mesa el debate sobre la transparencia y la supervisión de los procedimientos policiales, especialmente en un contexto donde la difusión en redes sociales juega un papel cada vez más relevante en la interacción entre la policía y la comunidad.
Los manifestantes, sin embargo, expresaron su descontento con la intervención de la fiscala Girala, pidiendo incluso su remoción del cargo. Además, solicitaron un aumento de personal femenino en la comisaría, en un intento por equilibrar la representación de género en las dependencias policiales.
