La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) levantó ayer la suspensión a 77 locales de la cadena de minimercados Biggie SA, luego de constatar que las condiciones que motivaron la sanción habían sido subsanadas en gran parte de los establecimientos inspeccionados.
Según informó la institución, la empresa solicitó el levantamiento de las medidas tras regularizar las infracciones detectadas, conforme a las actas de inspección. La decisión fue tomada tras una reinspección realizada el miércoles por la tarde, que abarcó más de 150 sucursales hasta las 18:00 horas.
El titular de Dinavisa, Jorge Iliou, detalló que durante las visitas encontraron nuevamente productos vencidos en un 30% de los locales verificados, aunque aclaró que la mayoría mostró avances. También advirtió que en una sucursal no se permitió el ingreso a los inspectores, y que un tercio del total aún no cumple con las condiciones necesarias para su reapertura.
Paralelamente, la ministra de la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco), Sara Irún, reconoció ayer que hubo una mala interpretación de la resolución emitida por Dinavisa. Aclaró que no se trató de una clausura generalizada, sino de una suspensión temporal de la comercialización de ciertos productos, específicamente aquellos vencidos o reetiquetados. Irún destacó que el objetivo siempre fue proteger la salud de los consumidores y garantizar la calidad de los alimentos en góndola.
La situación fue abordada durante una sesión de la Comisión Especial de Investigación del Senado, donde participaron los senadores Juan Carlos “Nano” Galaverna, Lizarella Valiente y Lilian Samaniego. Mientras los dos primeros respaldaron las acciones gubernamentales, Samaniego cuestionó la falta de información sobre los productos en infracción, exigiendo mayor transparencia sobre los más de 200 artículos retirados.
Actualmente, la cadena Biggie SA cuenta con 263 locales en todo el país. De estos, 150 ya fueron inspeccionados y 77 habilitados nuevamente. La reapertura de los demás puntos será progresiva y dependerá del cumplimiento de las condiciones sanitarias. Hasta ahora, la empresa enfrenta 14 expedientes abiertos ante Dinavisa, de los cuales 7 se encuentran en etapa de procesamiento. Se están controlando 216 productos específicos, de acuerdo con las autoridades.
El procedimiento generó fuertes reacciones desde el sector empresarial. Gremios como la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Capro, Cerneco, Comampar, Asepy, SIP, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), Capasu y la regional Alas coincidieron en que, si bien apoyan los controles sanitarios, consideran que la medida fue aplicada de forma “desproporcionada”.
Las organizaciones señalaron que suspender toda una cadena de minimercados afectó no solo a la empresa, sino también a los consumidores, proveedores y trabajadores. Pidieron que se respeten los procedimientos legales y se establezcan reglas claras que equilibren la protección al consumidor con la seguridad jurídica para el sector privado.
La rehabilitación parcial de los locales representa un cambio de postura por parte del Ejecutivo y evidencia la presión recibida tanto desde los gremios como desde el Congreso. No obstante, las autoridades insisten en que las acciones se enmarcaron en la normativa vigente y responden a denuncias ciudadanas.
