A dos años del inicio del gobierno de Santiago Peña, el balance económico refleja una estabilidad en los indicadores macroeconómicos, pero con señales de alerta en el frente fiscal. Así lo advierte un reciente informe de la consultora Mentu, que analiza la evolución de los principales indicadores económicos y sociales desde el 2008 hasta la fecha.
Uno de los focos de preocupación es el crecimiento sostenido de la deuda pública, que alcanzó en junio de este año el 40,9% del Producto Interno Bruto (PIB). Este aumento representa un salto de 7,5 puntos porcentuales en solo un año, equivalente a USD 1.326 millones adicionales de deuda, una cifra que revela la creciente dependencia del financiamiento externo para cubrir las obligaciones del Estado.
Al mismo tiempo, el déficit anualizado a julio de 2025 se ubicó en 2,6% del PIB, y el déficit de la Caja Fiscal continúa en expansión. Al cierre de 2024, esta registró un rojo de G. 2,2 billones, más de USD 300 millones, consolidando una tendencia que se arrastra desde el gobierno de Horacio Cartes. En contraste, en 2018, ese déficit era apenas un tercio del actual.
Pese a estas señales negativas, el crecimiento económico promedió un 4,5% en los últimos dos años, lo que ha permitido cierto respiro macroeconómico. Sin embargo, las brechas sociales persisten: la pobreza total se mantiene en 20,1% y la extrema en 4,1%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El mercado laboral también muestra debilidades. Más del 62% de los trabajadores paraguayos se encuentran en la informalidad, mientras que la suma de desempleo y subempleo asciende al 8,7%, según datos del primer trimestre de 2025.
En el plano institucional, el gobierno de Peña ha impulsado reformas estructurales como la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y otros entes clave como el Registro Unificado Nacional (RUN) y la Superintendencia de Valores. Estos cambios han contribuido a mejorar la recaudación, aunque persisten desafíos pendientes, como la reforma integral de la Caja Fiscal y la operatividad plena del sistema de pensiones públicas.
En julio pasado, el Ejecutivo anunció un paquete de medidas orientadas a dinamizar la inversión y la producción, incluyendo una nueva ley de incentivos fiscales para sustituir la actual Ley 60/90, y reformas en el sector de maquila, energía renovable y tecnologías.
Al comparar los diferentes gobiernos desde 2008, el informe de Mentu destaca que durante la administración de Lugo-Franco (2008-2013), el país experimentó una importante reducción de la pobreza y un crecimiento económico sostenido. Durante el mandato de Cartes (2013-2018), los indicadores macroeconómicos se mantuvieron estables, con descensos adicionales en la pobreza. En contraste, la gestión de Mario Abdo Benítez (2018-2023) enfrentó mayores desafíos fiscales, con un aumento significativo en el déficit de la Caja Fiscal.
Hoy, el gobierno de Peña encara la difícil tarea de sostener el crecimiento sin descuidar la sostenibilidad fiscal. La consolidación de las reformas anunciadas y el control del endeudamiento serán clave para evitar mayores tensiones en los próximos años.
